El negocio de alquiler de trasteros ha ganado popularidad recientemente debido a su rentabilidad y bajo coste inicial de inversión, llenando el vacío de almacenamiento que muchas viviendas y locales no pueden cubrir. Sin embargo, no basta con simplemente arrendar un trastero; sino que hay que seguir normativas específicas para evitar problemas legales y asegurar un acuerdo justo tanto para arrendadores como arrendatarios. En Finques Ollé te explicamos qué debes tener en cuenta con este tipo de arrendamientos.
Un contrato escrito es fundamental en el alquiler de trasteros, formalizando los términos y condiciones del arrendamiento. Este documento detalla elementos esenciales como las identidades y datos de contacto de ambas partes, la cantidad del alquiler y la fianza, la forma y frecuencia de pago, la duración del contrato, y el uso específico del trastero (generalmente limitado al almacenamiento).
Además, el contrato debe contemplar cláusulas sobre la prohibición de subarrendar el espacio sin consentimiento explícito del arrendador, así como los procedimientos para la resolución del contrato en caso de incumplimientos o conflictos. Estas disposiciones no solo protegen los intereses de ambas partes, sino que también proporcionan una base legal para resolver disputas potenciales.
En términos de normativa, el alquiler de trasteros se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula específicamente los alquileres de uso distinto a vivienda. Esto implica que las condiciones y derechos son diferentes a los de un alquiler de vivienda principal con anexo de trastero.
Para quienes deseen convertir propiedades en negocios de alquiler de trasteros, es crucial cumplir con las normativas municipales, autonómicas y estatales pertinentes, lo que incluye obtener las licencias necesarias, cumplir con estándares de seguridad contra incendios, asegurar la accesibilidad para personas con discapacidades, y cumplir con requisitos de calidad del aire y otras regulaciones ambientales.
El alquiler de trasteros es una opción viable de negocio, pero requiere cumplir con normativas específicas y formalizar acuerdos por escrito para evitar complicaciones legales y garantizar un funcionamiento seguro y justo para todas las partes involucradas.
