El Gobierno y ERC y Bildu llegaron a un acuerdo el 14 de abril para implementar la nueva Ley de Vivienda, donde destaca el tema del alquiler. El Ejecutivo también ha incorporado al convenio una serie de medidas que se aplican tanto a inquilinos como a propietarios con el objetivo de garantizar que el acceso a la vivienda se realice en condiciones asequibles. En Finques Ollé te contamos las implicaciones que trae esta nueva norma.
Se incluye un cambio significativo en la discusión del proyecto de ley sobre la forma de pago del alquiler.
La Ley establece que el arrendatario debe pagar el alquiler “a través de medios electrónicos”. Aunque de manera excepcional, es posible, si una de las partes carece de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a petición de ésta, se podrá efectuar en efectivo y en la vivienda alquilada.
El inquilino no hará un pago mensual a la agencia: el hecho de que la nueva ley obligue a los propietarios de viviendas de alquiler a cubrir los costes de las agencias inmobiliarias es otro aspecto novedoso de la nueva legislación.
La ley vigente establece que cuando el arrendador es una persona jurídica, como una empresa, es responsable de pagar los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato. Sin embargo, no se mencionan a los propietarios privados.
Cuando el propietario contrate los servicios de la agencia, el inquilino ya no será responsable de pagar los honorarios de la agencia bajo la nueva norma. El arrendatario puede pagar una cuota mensual, una mensualidad de alquiler más IVA para la agencia inmobiliaria, así como una cuota mensual a modo de fianza para poder acceder al inmueble en alquiler, gracias a este pago adicional, que ha sido habitual hasta ahora.
Se incluirán los límites de alquiler: los topes de alquiler serán parte de la ley de vivienda. Para 2023 y 2025, se mantendría en 2% y 3%, respectivamente.
Los grandes tenedores (aquellos con más de 5 viviendas) están obligados por ley a reducir los alquileres en función del índice de referencia de inmuebles en zonas desfavorecidas.
Zonas en las que se cumple una de las dos condiciones:.
• En los últimos cinco años, las rentas han subido tres puntos más que la inflación.
• Lo hacen de forma que supone más del 30% de la renta media anual de los inquilinos.
Son las Comunidades Autónomas las que cuentan con la potestad en materia de vivienda, por lo que estas zonas deben ser establecidas por ellas.
Cuando se firme o renueve un contrato para pequeños propietarios, la nueva renta no podrá exceder el límite superior establecido por el contrato anterior. Inicialmente entraría en vigencia 18 meses después de la aprobación final, pero la norma tardará 6 meses en entrar en vigencia antes de las elecciones generales de fin de año.
