En muchas comunidades de propietarios, surgen conflictos cuando se trata de instalar carteles o anuncios en las zonas comunes del edificio. Y es que, lo que para unos puede suponer una mejora o una fuente de ingresos, para otros puede ser una molestia o un perjuicio estético.
Un caso muy habitual es el de los carteles de videovigilancia. Aunque puedan colocarse cerca de la puerta de una vivienda concreta, tanto la fachada como los pasillos son elementos comunes. Además, estos carteles son obligatorios para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por lo que ni los propietarios individuales ni la comunidad pueden negarse a su colocación si es para informar sobre la existencia de cámaras de seguridad.
Pero, ¿qué ocurre con los carteles publicitarios o comerciales instalados en la fachada exterior del edificio? ¿Puede un propietario oponerse?
Según el artículo 396 del Código Civil, la fachada es un elemento común del edificio. Por tanto, su uso requiere el consentimiento de la comunidad, acordado en Junta de Propietarios. Sin embargo, hay excepciones:
- Si los estatutos permiten expresamente colocar carteles en ciertas zonas, especialmente por parte de locales comerciales, ningún propietario puede oponerse.
- Si ha habido consentimiento expreso o tácito por parte de la comunidad, por ejemplo, en una Junta o por la falta de oposición durante años, el cartel puede permanecer.
- Si el cartel no altera significativamente la estética o estructura del edificio, su instalación podría considerarse válida.
En caso de desacuerdo, un propietario puede impugnar el acuerdo comunitario, sobre todo si el cartel afecta a sus derechos, como el de vistas o entrada de luz.
La jurisprudencia respalda estos criterios. Diversas sentencias de Audiencias Provinciales han declarado ilegales los carteles instalados sin autorización o que perjudican claramente a otros vecinos.
En Finques Ollé te ayudamos a resolver cualquier duda relacionada con la convivencia en comunidades, velando siempre por tus derechos como propietario y por la legalidad vigente.
